La doctrina Monroe fue el principio de política exterior estadounidense de no permitir la intervención de potencias europeas en países americanos. Establecía que cualquier caso se vería como un ataque a Estados Unidos y conllevaría una respuesta inmediata. La doctrina fue ideada por el secretario de Estado y futuro presidente John Quincy Adams, y enunciada por el presidente James Monroe ante el Congreso en 1823. Washington resumía así su apoyo a la independencia del continente con la postura “América para los americanos”, rechazando el colonialismo y el modelo de las monarquías europeas.
Una base para el intervencionismo estadounidense
El Gobierno estadounidense adoptó la doctrina Monroe porque aún no poseía fuerza militar para defenderse de la presencia de potencias europeas en países cercanos. Por ejemplo, temía que los intentasen recuperar las colonias perdidas con el apoyo de la recién creada Santa Alianza. La doctrina pronto pasó a pretender influir en los países latinoamericanos, recién independizados, pero no tuvo mucha repercusión al inicio. Estados Unidos no actuó frente a la ocupación británica de las islas Malvinas en 1833 o frente a la ocupación española de República Dominicana entre 1861 y 1865. Incluso apoyó la primera intervención francesa sobre México entre 1838 y 1839, pero apoyaría a los mexicanos en la segunda en los años sesenta.
En el largo plazo, la doctrina Monroe sí se aplicó. Estados Unidos la usó para justificar sus intervenciones en Latinoamérica y su expansión por el hemisferio. La modificó mediante los llamados “corolarios”, enmiendas de los diferentes Gobiernos estadounidenses. Algunos fueron el corolario Hayes de 1880, el corolario Roosevelt de 1904 o el corolario Kennan de 1950. El corolario Hayes establecía a Centroamérica y el Caribe como zona de influencia exclusiva estadounidense, por la cual controlaría cualquier canal que se construyese en la región para evitar la injerencia europea. Fue el caso del canal de Panamá, inaugurado en 1914, y la ocupación de Nicaragua entre 1912 y 1933.
El corolario Roosevelt fue redactado a raíz del bloqueo naval de Alemania, Reino Unido e Italia contra Venezuela entre 1902 y 1903. Proclamaba el derecho y el deber de Estados Unidos de intervenir en los países americanos ante conflictos o deudas con potencias extrarregionales. Este corolario dio inicio a la política del ‘Gran Garrote’, que mezclaba pactos e intervenciones militares. Washington lo aplicó al apoyar la separación de Panamá de Colombia en 1903 o al ocupar Cuba entre 1906 y 1909. La política también fue criticada como imperialista en Latinoamérica. Por ejemplo, el presidente mexicano Porfirio Díaz lanzó su propia doctrina, que defendía la libertad y la autodeterminación de los pueblos. Las críticas se redujeron ante la guerra de Estados Unidos con España en 1898, pero los países se acercaron a sus pares europeos.
La doctrina Monroe, entre dictaduras y golpes de Estado
La doctrina Monroe también fue inseparable de la estrategia estadounidense en Latinoamérica durante la Guerra Fría. Washington intervino y apoyó golpes de Estado como el de Guatemala, dictaduras como las de Chile y Argentina, o contrarrevoluciones como la de Nicaragua para frenar el avance del comunismo. También promovió el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en 1947, para la actuación conjunta ante amenazas a la paz en el continente. Se ha convocado en distintas ocasiones, y a Washington le sirvió para conseguir la suspensión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1962.
Con el fin de la Guerra Fría, la doctrina Monroe se mantuvo a través de instituciones diplomáticas, organismos económicos y ayudas humanitarias. En 2013, el secretario de Estado de Barack Obama, John Kerry, declaró ante la OEA el fin de la doctrina, pero Washington siguió influyendo en la región. Por ejemplo, después se supo que la postura del Comando Sur estadounidense estaba alineada con el intento de golpe de Estado en Venezuela en 2015 contra el régimen de Nicolás Maduro. Donald Trump retomó la doctrina Monroe en su discurso, y su secretario de Estado y su consejero de seguridad reivindicaron su vigencia.
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